SES avanza en plan de fiscalización a 45 IES por medidas adoptadas durante la pandemia por COVID-19

La Superintendencia de Educación Superior (SES) se encuentra revisando la información proporcionada por 45 instituciones de educación superior (IES) -15 universidades, 15 institutos profesionales y 15 centros de formación técnica-, que forman parte del Plan especial de fiscalización y que tiene como objetivo verificar que estos planteles hayan generado las medidas alternativas necesarias para continuar con el servicio educacional en condiciones equivalentes a las originalmente acordadas con sus estudiantes, ante la imposibilidad de desarrollar clases presenciales producto de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.

A fines de mayo, las instituciones seleccionadas hicieron entrega a la SES de la información requerida. Desde ese momento, el equipo de fiscalizadores se ha dedicado a revisar y chequear minuciosamente el material recibido, en materia de gestión curricular, de docencia y de acompañamiento estudiantil. Se espera que durante los próximos días Gabinete reciba los informes de cada institución, los que establecerán si el plantel cumple en condiciones de enseñanza equivalentes a las pactadas, si se requiere más información o si, definitivamente, está por debajo del mínimo y se recomienda abrir un proceso administrativo sancionatorio.

“En general hemos comprobado una muy buena respuesta de parte de las instituciones. La gran mayoría de las casas de estudios implementó rápidamente planes de contingencia y reorganizó su programación curricular para ajustar su funcionamiento a las condiciones que impuso esta emergencia sanitaria. Este proceso no ha estado exento de dificultades y requiere de un normal proceso de aprendizaje” indicó el superintendente Jorge Avilés, destacando que “se requieren respuestas que combinen soluciones eficaces con la urgencia correspondiente. Por lo mismo, estamos trabajando aceleradamente para ayudar a corregir eventuales problemas”.

Si una institución tiene un cumplimiento bajo el 50%, se le abre un proceso administrativo. Cambiar de forma arbitraria las condiciones del servicio es una infracción grave, por lo que si se confirma, el plantel arriesgaría una multa cercana a los $50 millones (1.000 UTM).

El diario El Mercurio abordó el tema y conversó con algunas de las autoridades de las instituciones requeridas en este plan fiscalizador. Revisa estas declaraciones a través del enlace de EMOL.