Superintendente expone ante diputados sobre proyecto de ley que establece protección para estudiantes que requieran cuidados en su salud mental

El Superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, expuso ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados respecto a los problemas de convivencia que se generan en la educación superior, sesión que se desarrolló en el marco de la tramitación del proyecto de ley que establece un sistema de protección para estudiantes que requieran cuidados en su salud mental y que se encuentra en primer trámite constitucional.

La idea matriz de la iniciativa es crear medidas para resguardar la salud mental de todas las comunidades de la educación superior. De esta forma, el proyecto de ley plantea establecer derechos específicos para estudiantes que requieren cuidados en su salud mental y otras que resguardan y promueven la buena salud mental de la comunidad en su conjunto.

Para ello la iniciativa establece algunas medidas de resguardo. Por ejemplo, la obligatoriedad de incorporar una semana de receso académico por periodo y días de gracia post feriados y semanas de recesos, para organizar estudios y trabajos.

También agrega medidas específicas para estudiantes con problemas de salud mental debidamente acreditados por un psiquiatra. Entre ellas, postergación de evaluaciones; prioridad en la inscripción de asignaturas o interrupción anticipada; modificación del formato de las evaluaciones; y exigencia de menor porcentaje de asistencia, entre otros.

Al respecto, el superintendente señaló que hay que tener un cuidado especial para ver cómo este proyecto se cruza con otros proyectos que ya han sido aprobados y que están vigentes, en especial con la Ley 21.545, conocida como Ley TEA. “Esta norma mandata al legislador, a la administración de Estado y a las instituciones de educación superior a velar porque haya ambientes inclusivos en la educación superior y que además se hagan ajustes necesarios en el proceso formativo en función de las necesidades y características de estos estudiantes. Por lo tanto, hay aspectos específicos que exige este proyecto que la Ley TEA ya mandata”.

Asimismo, advirtió que la propuesta podría incidir en el régimen de la Gratuidad y que por ello podría tener impacto en la política arancelaria. “Esto porque se plantea que los ritmos de progresión académica sean distintos y si la Gratuidad está fijada en base a la duración formal de las carreras, aquí puede abrirse un espacio donde se necesite un complemento adicional para enfrentar este problema”.

El superintendente Salazar apuntó que “si el proyecto quiere avanzar en la prohibición de la discriminación por salud mental en el ingreso, significa que tenemos que diagnosticar en el ingreso cuál es la situación mental de todos los estudiantes que van a ingresar a la educación superior y para eso necesitaríamos un instrumento de alcance nacional que pudiera identificar estas realidades oportunamente. Es importante tener en claro que un gran porcentaje de estos problemas se puede presentar en estudiantes que no tienen un diagnóstico médico, porque probablemente no tienen acceso a un sistema de salud expedito que se lo permita”.

Finalmente y frente a los últimos casos que dan cuenta de los graves problemas de salud mental que afectan a muchos estudiantes del área de la salud, Salazar anunció que la Superintendencia está trabajando para generar una norma general de convivencia en campos clínicos. Para eso ha convocado a mesas de trabajo a la Asofamech, al Consejo de Rectores, a estudiantes y ha sumado a otras instituciones para recibir recomendaciones y “poder concluir ¿qué podemos hacer distinto para que las cosas funcionen mejor? Hoy si recabamos un poco vamos a concluir que hay protocolos para todo, el problema es que no se cumplen. Hay que avanzar en el seguimiento y monitoreo de estos procesos”, concluyó.