La fiscal de la Superintendencia de Educación Superior, Daniella Maureira, se reunió telemáticamente con las y los representantes de las unidades de género de las 10 instituciones de educación superior que tienen presencia en la Región de Coquimbo. El encuentro tuvo como objetivo reforzar los contenidos de la Circular N°1/2023, que entra en vigencia en octubre de este año y que incorpora nuevas exigencias a la implementación de la Ley 21.369, cuerpo legal que que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior.
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El 23 de octubre de 2023, la SES emitió la circular que actualiza el oficio circular de 2022, reforzando su compromiso de fortalecer la nueva institucionalidad que previene y regula los distintos tipos de violencia de género en los espacios académicos. En ella se releva la importancia de trabajar con un enfoque de género, los principios de protección a las víctimas, no revictimización y reparación, con criterios orientadores; e impulsar en las instituciones de educación superior que los procesos se deben desarrollar con la celeridad que la naturaleza de las denuncias exige, entre otras varias materias.
La circular estableció que las nuevas obligaciones que incorpora entran en vigencia 12 meses después de su emisión, es decir el próximo 23 de octubre. “Esto, porque muchas de las interpretaciones que se incorporaron requieren activar procesos internos en las instituciones y que por lo mismo van a requerir de un periodo de adecuación”, señaló la fiscal.
Una de las materias que se modificó fue la comprensión de concepto participación. En la circular de 2022 se estableció que la participación triestamental, equilibrada y paritaria que exige la ley implicaba una participación en igualdad de número, por instancia y estamento, es decir: 50% de hombres y 50% de mujeres. “En distintas conversaciones con instituciones se nos planteó que era bien complejo poder cumplir con ese 50% y en base a eso decidimos flexibilizar ese criterio e indicar que cuando estábamos hablando de participación triestamental, equilibrada y paritaria queremos decir que, al menos, se encuentre representado un 40% de personas del mismo género”, precisó Maureira.
Así también se estableció la posibilidad de incorporar identidades de género no binarias o diversidades sexuales y de género, sin desmedro de la participación mínima de mujeres o identidades de género femeninas.
Respecto al proceso de acompañamiento, supervisión y retroalimentación que la Superintendencia ha estado desarrollando con las distintas instituciones en esta materia, Maureira detalló que este comenzó en 2022 cuando la SES aplicó el primer plan de Supervisión para medir el nivel de avance en la implementación de las exigencias que estableció la Ley 21.369. En base a los resultados obtenidos en esa oportunidad, se entregó a cada institución un reporte individualizado sobre el estado de cumplimiento que presentaba, medida que fue complementada con la realización de distintos tallares de reforzamiento y retroalimentación. En cuanto a la fiscalización, proceso que está orientada a detectar incumplimientos normativos y determinar eventuales sanciones, Maureira señaló que en esa materia “vamos a trabajar en base a una muestra de instituciones que va a ser bien acotada y que se enfocará en evaluar la realidad de cada una de ellas, en el marco de sus particulares capacidades. Pero sin perjuicio de eso, lo básico para nosotros es que tengan constituidas las unidades de prevención y de investigación”.
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Los representantes de las instituciones asistentes agradecieron la información compartida por la fiscal y manifestaron su interés de poder repetir esta enriquecedora experiencia. La jornada contó con la participación de representantes de las universidades Central, Católica del Norte (sedes Antofagasta y Coquimbo), La Serena, Del Alba; del Instituto Profesional Valle Central, Inacap, IP Chile, AIEP y los centros de formación técnica Juan Bohón y de la Universidad Católica del Norte.