Superintendent projected institutional objectives in an interview with The Mercury

Con 1,3 millones de estudiantes y 140 instituciones en el país, el mundo de la educación superior es complejo y dinámico, según describe José Miguel Salazar, el nuevo superintendente del sector, nombrado por Alta Dirección Pública a fines de enero.

‘Es un sistema que se ha ido consolidando y que ha ido madurando tal como la sociedad chilena’, asegura el abogado en su primera entrevista. Y añade que una de sus misiones es completar la instalación de la entidad fiscalizadora, que entró en funcionamiento en mayo de 2019, y ‘tener el modelo de supervigilancia y fiscalización del sector operando, plenamente y en terreno. En una idea de anticipar problemas, de trabajar y triangular información con las distintas agencias’.

Así, Salazar plantea que el sector ‘está sujeto a las mismas vicisitudes al igual que todo el resto de la sociedad y particularmente de la economía. Y yo me temo que estamos en un escenario donde vamos a pasar una cierta estrechez financiera. Quizás eso va a colocar a las instituciones en un poquito más de estrés, más del que han enfrentado hasta ahora’.

—¿A qué tipo de estrés se refiere?

‘Por una parte, salvo las reacciones que hemos tenido por la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), tenemos una matrícula que está consolidada, que no está creciendo más de lo que creció durante tres décadas. Desde ese punto de vista, pensar en una expansión y desarrollo parece difícil, a no ser que sea un movimiento intrasector, por ejemplo, como parece estar ocurriendo hoy con la PAES, donde la mayor matrícula de las universidades es menor matrícula en el ámbito de la educación técnico-profesional. Por lo tanto, ahí tenemos una situación que tenemos que mirar con cuidado’.

Añade: ‘Tampoco parece muy posible que tengamos un mayor financiamiento público hacia el sector. Reconfiguraciones puede haber: el Gobierno está discutiendo una nueva política de financiamiento. Pero esta idea de la expansión sin fin, sobre la cual habíamos estado durante casi tres décadas, da la impresión de que comienza a llegar a su término’.

—¿Qué tipo de instituciones están enfrentando estos problemas?

‘Creo que es transversal. Cuando tienes un sector que piensa en la lógica del desarrollo y el crecimiento, está invirtiendo, y cuando sus fuentes de ingreso comienzan a constreñirse un poquito, la situación cambia. En ese escenario estamos hoy. Entonces, la pregunta es cómo, sin mayores ingresos, podemos tener un sector más productivo. Ese es el desafío para las universidades y el sector técnico-profesional en su conjunto. Nuestro punto hoy es cómo acercarnos a este estrés financiero, monitorearlo con cuidado, poder determinarlo bien y dialogar con las instituciones para ver la manera de afrontarlo lo mejor posible’.

—¿Cómo se ha evidenciado este estrés financiero? ¿Qué situaciones se han encontrado?

‘Son múltiples señales y de distinto tipo. Por ejemplo, hay instituciones que han apostado muy fuertemente por llegar a nuevas personas u organizaciones que les aportan recursos frescos para el desarrollo de nuevos proyectos. Hay otras que han apostado por desarrollar posgrados, pero en un escenario como el de hoy, donde es menor la cantidad de gente que da ese paso (…). Soy optimista en términos de que en el largo plazo el desarrollo del sector va a funcionar bastante bien. Pero en el corto plazo, las expectativas de ingreso que tienen nuestras instituciones, y las maneras que tienen previstos costos e inversiones a propósito de esos ingresos van a estar sujetas a un estrés adicional’.

Salazar describe que el sistema de educación superior se organiza por capas, donde ‘están las organizaciones más tradicionales en el centro (…), luego las instituciones más nuevas, pero hay una especie de extrarradio, de instituciones que no se han acreditado, que no participan tan directamente en la política pública y esa es un área que tenemos que mirar con especial cuidado, porque ahí tenemos que proteger el derecho a la educación de sus estudiantes como un tema fundamental’.

—¿Cuántas de estas instituciones están mirando con especial atención?

‘Es un grupo de alrededor de 20 instituciones, de todo tipo, universidades, CFT e IP, que tenemos que mirar con especial cuidado, particularmente por la fe pública que está comprometida en el desarrollo de la educación superior’.

‘Estamos prestando atención a esa área adicional, donde parece que están surgiendo mayores problemas. Hay instituciones que se están cerrando, otras que no se están presentando a los procesos de acreditación, o situaciones de distinto tipo, en el mundo comercial, en el mundo de las transacciones económicas’.

Inspection

‘Necesitamos un modelo de fiscalización y supervigilancia que sea flexible, que sea situado y moderno, en el sentido de que produce la menor carga de trabajo posible y produce los mejores resultados, desde el prisma de que vamos a lograr que las instituciones tengan con nosotros un diálogo lo suficientemente sustantivo para poder hacernos cargo de los problemas que surgen. La Superintendencia no solo está para resolver problemas, sino, ojalá, también para poder ayudar a anticiparlos, y buscar soluciones anticipadas en diálogo con el sector’, dice.

—Uno de los roles de la superintendencia es la fiscalización en terreno. ¿Por dónde se parte?

‘Por aquellas instituciones que no tienen acreditación, instituciones cuya solvencia financiera no está completamente establecida, cuya operación está desplegada a nivel nacional en pequeñas sedes, que están ofreciendo carreras en el área de la salud, por ejemplo, pero que no tienen suficientemente asegurados los campos clínicos. Esas cosas tenemos que ir a mirar, porque creemos que en la base de este sistema de fiscalización está la idea de que las instituciones cumplan con el rol social para el cual fueron creadas, pero en especial, asegurar el derecho a la educación de los estudiantes que estudian en ellas. Y ese foco, para nosotros, es una preocupación principal, es decir, si descubrimos, a propósito de las fiscalizaciones en terreno, que hay situaciones donde el derecho a la educación de los estudiantes no está siendo materializado efectivamente, el músculo regulatorio de la superintendencia será ejercido’.

U. La República: ‘Problemas son mucho más profundos que vínculo con regulación’

La situación de la U. La República (Ulare) es otra de las que preocupan a la Superintendencia. Dice que luego de que la Corte Suprema dejó sin efecto la resolución de cierre por un problema procedimental, hubo un diálogo entre la Subsecretaría, la Superintendencia, el CNED y la CNA, ‘para ver cuál es la mejor ruta. Y ahí hubo diferencias de opinión entre las agencias de cuál es la mejor ruta y eso terminó en una solicitud de pronunciamiento a la Contraloría’.

Así, cuenta Salazar, ahora están ‘levantando información detallada en cada una de sus sedes, con miras a asegurar que los estudiantes puedan ejercer razonablemente su derecho a la educación. Lo que hemos podido determinar ahora, en función de los antecedentes históricos que hemos compilado, más información nueva que tenemos, es que hay situaciones graves que necesitan ser atendidas urgentemente’.

—¿El cierre está descartado?

‘Para nada, no está descartado, pero tampoco puedo decir que va a ocurrir necesariamente, porque esto es un proceso, donde los controladores de la Ulare tienen un conjunto de instancias para ir encontrando soluciones a los problemas, que nosotros le vamos a representar. Levantado el itinerario de problemas y enfrentados con la posibilidad de que los actuales organizadores de la universidad encuentren soluciones, estamos disponibles a que esas soluciones se implementen. Pero si esas soluciones no son suficientes, particularmente en la gestión institucional, bueno, vamos a tener que tomar ese camino que menciona’.

—¿La Ulare pudo haber sufrido un daño debido a que se ordenó el cierre y luego se dejó sin efecto?

‘Tengo la impresión de que los problemas de la Ulare son mucho más profundos que su vínculo con la regulación, y la pregunta que tenemos es cuán sustentable en el tiempo es y hasta qué punto se está avanzando en la modernización de ese proyecto, para ponerlo al estándar de hoy. Y esa es una demanda urgente que la Ulare tiene que atender y nuestra preocupación es que, precisamente, lleguemos a ese punto de la conversación lo antes posible’.