Superintendente Jorge Avilés: “Este plan de fiscalización partió con un énfasis en el subsector técnico profesional”

El Superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés Barros, se reunió vía telemática con los rectores del Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados, reunidos en Vertebral Chile, para informales sobre el avance del plan especial de fiscalización que evalúa las condiciones en que las instituciones de educación superior han entregado los servicios durante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

Los representantes de los 24 planteles académicos que integran la organización agradecieron la disposición expresada por el superintendente, quien accedió compartir algunos detalles del proceso de fiscalización, que incluyó a 15 universidades, 15 institutos profesionales y 15 centros de formación técnica. Estas instituciones están siendo evaluadas en 16 dimensiones, divididas en tres grandes ámbitos: gestión curricular, referente a la reorganización del plan de estudios para ajustarlo a las nuevas condiciones de enseñanza; docencia, con acciones asociadas a capacitación de profesores en el uso de plataformas digitales; y acompañamiento estudiantil, área en que se verificó la existencia de medidas de flexibilización de pagos y ayudas directas a los alumnos más afectados producto de la pandemia.

En ese sentido, el superintendente Avilés, quien estuvo acompañado por el fiscal Francisco Achurra, destacó que, en general, las instituciones “han aportado una robusta evidencia que da cuenta que han adaptado su modalidad de enseñanza a la exigencia de entregar una educación a distancia”.

La autoridad resaltó que la muestra abarcó a casi un tercio de las instituciones de educación superior y un 53,5 % del total de la matrícula de pregrado, “y partió con un énfasis en el subsector técnico profesional, donde se alcanzó el 83% de la matrícula de CFT y un 67,8% de la correspondiente a IP, considerando que sus carreras tienen un perfil más práctico. En cuanto a la universitaria, la revisión comprendió el 34% de ese total”.

Respecto al avance del proceso evaluador, Avilés señaló que los fiscalizadores están terminando de entregar sus informes, “por lo que creemos que muy pronto estaremos en condiciones de ofrecer un balance detallado respecto de las principales conclusiones que nos deja esta primera etapa del plan”.

El superintendente recalcó que durante el segundo semestre se ampliará el universo de instituciones fiscalizadas. “Sumaremos más casas de estudios a la muestra, esta vez con un mayor énfasis en las universidades, lo que no descarta que las instituciones que fueron consideradas en este primer plan no vayan a ser nuevamente requeridas por alguna dimensión en particular. La emergencia que vivimos es de naturaleza dinámica y estas fiscalizaciones representan una foto del momento y tanto a nosotros, como a la Subsecretaría de Educación Superior, nos interesa hacer un seguimiento a toda la película”, precisó.

Entre las materias que podrían concentrar un mayor énfasis en las próximas etapas de este plan de especial de fiscalización figuran las condiciones en que se va a impartir el servicio educativo durante este segundo semestre y cómo se las instituciones se están preparando para permitir un gradual retorno a las clases presenciales, una vez que las autoridades sanitarias consideren que están dadas las condiciones para avanzar en ese sentido.  

Recomendaciones y sanciones

Para definir el nivel de cumplimiento de las casas de estudios en este plan especial de fiscalización se definieron tres tramos, siendo el mínimo exigido un 80% de las temáticas evaluadas. Aquellas instituciones que logren más del mínimo y de esa manera superen exitosamente el plan de fiscalización, recibirán recomendaciones de parte de la Superintendencia para avanzar en aquellas dimensiones en que presenten espacios para mejoras.

Respecto de aquellas instituciones que acrediten un cumplimiento superior a 50% e inferior a 80% de las dimensiones que considera el programa de fiscalización, serán oficiadas a fin de que adopten e implementen las medidas que les permitan cumplir con el porcentaje mínimo establecido, dentro de un plazo que definirá y supervisará la Superintendencia.

En el caso de los planteles que acrediten un nivel de logro inferior al 50%, se les instruirá un procedimiento administrativo sancionatorio, de conformidad a lo prescrito en la Ley N°21.091, sobre Educación Superior, con la finalidad de determinar la existencia de hechos que pudieren ser constitutivos de alguna infracción, lo cual puede ser sancionado con una amonestación o multa de hasta 1.000 UTM por cada caso.