Entrevista al Superintendente Salazar en Diario Financiero

Este viernes (4 de octubre), la Superintendencia de Educación Superior anunció el inicio de una investigación a la Universidad San Sebastián (USS). José Miguel Salazar, quien está a cargo de esta repartición pública, explica en esta entrevista las razones detrás de esta acción y el alcance que puede tener. Adelanta que están recopilando las regulaciones internas que rigen a todas las universidades chilenas, en temas como remuneraciones o cargas académicas.

Alas 12:30 del viernes, la Superintendencia de Educación Superior anunció que iniciaba una investigación a Universidad San Sebastián (USS), a partir del sueldo de $ 17 millones bruto que recibió como docente la candidata a alcaldesa por Las Condes Marcela Cubillos. En el comunicado, la entidad aseguró que los antecedentes que envió la USS no permitían “esclarecer completamente las interrogantes surgidas en torno a la contratación, remuneración y evaluación del personal académico, lo que podría ser constitutivo de infracciones graves a la normativa interna de la universidad”.

A cargo de esa investigación está José Miguel Salazar, exvicerrector académico de la Universidad de Valparaíso, quien llegó al cargo de superintendente de Educación Superior en febrero de 2023 a través del concurso de Alta Dirección Pública.

“A propósito de las noticias de prensa, la Superintendencia le pidió a la universidad que nos indicaran y acompañaran información de respaldo, en relación con las situaciones detectadas, referidas fundamentalmente a remuneraciones de personas contratadas como académicos de la universidad. Recibimos esa información el martes a última hora y pasamos los últimos tres días revisando los antecedentes”, asegura Salazar en el piso 10 del edificio en calle Moneda.

– ¿Qué antecedentes en concreto le pidieron?

– Todos los antecedentes que tuvieran relación con este tema y que la universidad nos quisiera proporcionar: remuneraciones, contratos, actividades realizadas. Y tenemos un poco de todo eso, pero la información con que contamos hoy es un poco general. A propósito de eso, hemos decidido abrir una investigación para determinar si las normas internas de la universidad en lo relativo a la contratación, remuneraciones y evaluación de los académicos se están cumpliendo o no. El foco de la investigación es ese.

– El documento señala que solicitó antecedentes de Cubillos y de otros académicos. ¿A quiénes se refiere?

– A todas las personas que han aparecido en los medios: tenemos a la familia del señor Chadwick y al mismo señor Chadwick; algunos individuos que participan en la Corte Suprema; personas relacionadas con la Fiscalía y todos los que están en posición de cumplir labores académicas en la universidad, o eso se nos ha contado hasta ahora.

– ¿Qué antecedentes faltan?

– La institución nos entrega información de carácter general acerca de lo que estaba pasando con estas contrataciones. Y queremos ver en concreto qué rol cumplió cada una de estas personas dentro de la universidad, cómo se evaluaron esas funciones, cómo se definió su remuneración, cómo en definitiva se les proyectó o no dentro de la institución, a propósito, insisto, del marco que ella tiene para estos fines. Eso vamos a verificar: si en todos estos casos ha ocurrido o no un estricto apego a la normativa que la universidad definió autónomamente para estos fines.

– ¿Pero hubo un incumplimiento de la universidad en la información que entregó?

– No, no hubo un incumplimiento.

– ¿Entonces por qué abrir la investigación?

– Primero tenemos que ver si efectivamente todas las personas que la universidad ha contratado en los últimos años cumplen con las definiciones que ellas mismas definieron, las remuneraciones que se han ido pagando mensualmente a cada una a lo largo del período, las evaluaciones y cargas de trabajo por cada semestre. ¿Se entiende? Entonces tenemos que pasar de una discusión general de algunos documentos básicos a una discusión muchísimo más focalizada de qué ocurre en la situación de cada persona.

– ¿A qué sanciones se enfrenta la USS?

– Puede finalizar con multas, amonestaciones u otras medidas. La ley es bien amplia: puede considerar incluso inhabilitación de algunas personas. Pero no quiero anticiparme sobre lo que va a ocurrir en la investigación.

– ¿Son multas que van en qué rango?

– Podemos aplicar amonestaciones por escrito, inhabilitaciones en algunos casos y multas que pueden llegar hasta 10.000 UTM para la universidad. Porque la investigación, y esto es muy importante, no es sobre las personas, sino sobre la universidad.

– ¿Una universidad privada no puede pagar lo que estime conveniente a un profesor en particular?

– Quizás la pregunta no va tanto en determinar si una universidad puede pagar lo que le parezca en este caso, sino más bien, si lo que ella definió autónomamente de pagarle a una persona en función de sus propias normas se cumple o no. Es decir, la institución no tiene ningún problema en fijar bajo qué condiciones va a contratar a las personas. Nosotros no vamos a incidir en ese punto. Lo que sí incidimos es en asegurarnos que la normativa que ella tiene para esa materia, los requisitos que fijó para la contratación, los volúmenes de carga académica, las actividades de evaluación que hace sobre esas personas para efectos de definir su continuidad o no, efectivamente se cumplen en cada caso.

Es muy importante tener presente que las universidades son organizaciones reguladas, sujetas a un modelo de reconocimiento oficial y de acreditación obligatoria que en muchos casos acceden a niveles importantes de financiamiento público. Por lo tanto, no es flexible ni algo que queda completamente al arbitrio del sector que desarrollen estos procesos como les parezca en cada caso. Cada institución toma las definiciones que toma y nosotros somos muy respetuosos de esas definiciones. Pero a continuación lo que nos importa es que esas definiciones se cumplan.

– ¿Entonces no es un problema para la Superintendencia el sueldo de Marcela Cubillos?

– No en los términos que se ha discutido públicamente.

– ¿Un privado puede pagar lo que quiera siempre que su normativa se lo permita?

– Exacto. Pero, insisto, siempre y cuando cumpla con las exigencias que fija la Comisión Nacional de Acreditación sobre cómo se desarrollan estos procesos. Y dos, que eso no nos produzca el efecto de poner en riesgo la viabilidad financiera de esa institución.

– ¿Se va a investigar también a otras universidades?

– Hace tiempo trabajamos en esta dirección y lo que ha hecho la Superintendencia hasta ahora es un levantamiento para sistematizar a través de un repositorio todas las regulaciones internas más importantes de las universidades, de todas. Y ese trabajo que empezamos en marzo tiene un nivel de avance significativo: tenemos un 90% de poblamiento de la base. Lo que vamos a hacer a continuación es un proceso de fiscalización anual sobre una muestra discreta de instituciones en función de criterios objetivos para verificar si estas normas se cumplen. Una cosa transversal para todo el sector.

Pero además la Superintendencia tiene una función específica con la gratuidad de las instituciones adscritas, y que dice relación con que recibimos las rendiciones de gratuidad. Ahí hay un elemento adicional que vamos a considerar para el desarrollo de este plan anual de fiscalización.

– En base a lo que ha visto, ¿hubo una inconsistencia en la USS?

– Lo que vemos hasta ahora en la prensa es que hay una política de contratación de académicos. Y hay una suerte de banda de remuneraciones y no sabemos si hay excepciones en la normativa interna para saltarse esas normas en otro escenario. Tampoco es tan claro qué función cumplía cada una de estas personas en la institución y si esas funciones fueron permanentes en el tiempo. Entiendo, por la información de prensa, que los contratos de la señora Cubillos se fueron moviendo en el tiempo, al igual que su remuneración. Las funciones que cumplía también se fueron moviendo, pero eso lo sabemos con información de carácter general.

– ¿Cuánto va a demorar la investigación?

– Va a demorar lo que se tenga que demorar. A veces estas investigaciones pueden durar seis meses, pero también pueden durar dos o tres años. Depende de lo que efectivamente podamos descubrir y lo que haya como resultado del proceso.