El administrador provisional, Juan Pablo Prieto, al asumir su cargo, enfrentó un panorama de “desesperanza y fragilidad” debido a la profunda crisis financiera y administrativa que vivía la casa de estudios a fines de 2023. Sin embargo, gracias al compromiso de los equipos internos y al respaldo del Ministerio de Educación, ha logrado alcanzar una plena estabilidad financiera, brindando tranquilidad a los académicos, funcionarios y estudiantes.

El superintendente destacó que “el proyecto institucional de la Universidad de Aysén es el desarrollo de la Región de Aysén y, por lo tanto, son dos cosas que están íntimamente ligadas y que no pueden separarse. Desde el punto de vista de la Superintendencia no estaba nuestros planes ni teníamos una agenda relacionada con tener que intervenir como tuvimos que hacerlo en este caso, pero la autoridad pública no puede dejar de ejercer las facultades que tiene cuando las situaciones las convocan. Por lo tanto ha sido una época de reflexión para todos, de entender una situación compleja y tratar de buscar soluciones”.

Salazar agregó que “el plan de administración, que recientemente hemos aprobado, fija una hoja de ruta en un conjunto de misiones claras y definidas acerca de lo que tiene que ocurrir a continuación para que la Universidad de Aysén termine de instalarse y de arraigarse en su región y en su gente, y, de esa manera, proyecte su quehacer de manera articulada y concadenada con el desarrollo regional. La gobernación juega un rol muy importante aquí, la delegación presidencial también y el estado completo. En definitiva, es el eco y la caja resonancia donde la Universidad de Aysén tiene que instalar su acción”.

Por su parte, Juan Pablo Prieto, resaltó la medidas y acciones que ha desarrollado durante sus primeros seis meses de administración. Entre ellas destacan:

En materia de gobernanza:

• Se estableció una nueva orgánica para llevar adelante el proyecto de administración provisional.
• Por primera vez en la historia de la universidad, se logró constituir el Consejo Superior con todos los integrantes que establecen los estatutos.

En materia financiera:

• Se formuló un proyecto de fortalecimiento por $2.500 millones y está en una etapa avanzada la formulación de otro proyecto por $3.500 millones.
• Para el año 2024, se han dispuesto recursos por aproximadamente $15.000 millones para inversión en infraestructura y equipamiento.

En materia académica:

• Se solicitó a la CNA la creación de dos nuevas carreras para la admisión 2025, esperando respuesta para fines de este mes.
• Este semestre se ha invertido $200 millones en equipamiento e insumos para la docencia.
• Se instalaron nuevos laboratorios de computación y física, y está en proceso de compra equipamiento de alta fidelidad para un nuevo laboratorio.
• Se lanzó un fondo de investigación de $102 millones, con $12 millones destinados a financiar tesis con impacto regional.
• La universidad se ha adjudicado equipamiento científico por $336 millones, el que se ha puesto a disposición de suss investigadores, del CIEP y del Servicio de Salud regional.

En materia de infraestructura:

• Se elaboró el anteproyecto de diseño de construcciones modulares de 3.500 m² para el Campus Río Coyhaique, estimando su licitación para fines de octubre y uso para el primer semestre del próximo año.
• Se encuentra en etapa final la compra de un inmueble de cerca de 2.500 m² en la ciudad. Todo los anterior significará una inversión en infraestructura de alrededor de $10.000 millones.

Los programas de supervisión y fiscalización que se consideran en este plan anual contemplarán una muestra de instituciones de educación superior que se determinará en base a criterios y parámetros objetivos, a partir de los datos disponibles con que cuenta esta Superintendencia y la información que proviene del Ministerio de Educación.

Las distintas acciones de fiscalización y supervisión que se desarrollarán durante la ejecución del plan podrán ser cumplidas por la SES de manera presencial o remota, según corresponda a la naturaleza del caso y que permitan asegurar la correcta ejecución de las facultades que la ley le encomienda a este servicio.

A continuación destacamos los seis programas que estructuran dicho plan y el objetivo que representa cada uno. Para más información puedes revisar al resolución exenta que aprueba este plan anual y que se encuentra disponible en este sitio web.

Rol de la SES

Nuestro rol como Superintendencia es fundamental en la supervisión y fiscalización de las instituciones de educación superior. Trabajamos para asegurar que todas las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica del país cumplan con las medidas que exige la Ley 21.369 que previene y sanciona el acoso sexual, la discriminación y la violencia de género en la educación superior. Es esencial que estas instituciones no solo dispongan y apliquen esta nueva institucionalidad, sino que también informen a sus comunidades sobre cómo acceder a ellos y dispongan de canales internos accesibles y eficientes para recibir denuncias sobre esta materia.

Acciones concretas

• Supervisión y Fiscalización: Nos aseguramos de que las instituciones de educación superior cumplan con la normativa vigente en materia de prevención y manejo de situaciones de violencia de género. Esto incluye la disposición de canales internos para recibir y gestionar denuncias.
• Certeza jurídica: Entregamos certeza jurídica a las instituciones de educación superior, a sus comunidades estudiantiles y a los distintos actores del sistema en aquellas materias relevantes que requieren una interpretación legal. Esto permite responder adecuadamente al espíritu de la ley y garantizar un manejo adecuado de las denuncias de violencia de género, discriminación y acoso sexual.
• Monitoreo y Evaluación: Realizamos un seguimiento constante para evaluar la efectividad de los mecanismos de denuncia y la respuesta de las instituciones ante las situaciones de violencia de género, discriminación y acoso sexual. Este monitoreo nos permite identificar áreas de mejora y asegurar una protección efectiva para los estudiantes y académicos.

Llamado a la acción

Invitamos a los estudiantes, académicos, y autoridades de las instituciones de educación superior a conocer y utilizar los canales de denuncia disponibles en sus respectivas instituciones. La prevención y erradicación de la violencia de género, la discriminación y el acoso sexual es una responsabilidad compartida que requiere del compromiso y participación activa de toda la comunidad educativa.

Al respecto, el Superintendente Salazar señaló que “le expresamos a las autoridades de la universidad nuestras observaciones respecto a algunas medidas que no han sido correctamente ejecutadas y que están siendo corregidas para no comprometer la viabilidad del plan. También relevamos la importancia de que la Universidad desarrolle una acción comunicacional que permita a toda la comunidad conocer las decisiones que se están tomando y ponderar los efectos que estas traen. Es fundamental que la universidad despliegue su capacidad de diálogo y negociación para abordar los procesos de movilización en curso, a fin de canalizarlos a través de la institucionalidad de la UACh”.

Salazar enfatizó que “confiamos en que la rectoría liderada por el profesor Dörner podrá resolver prontamente estas situaciones. Invitamos a la comunidad a informarse sobre el plan, a participar de las distintas instancias colegiadas y a canalizar sus dudas y aprensiones a través de los canales institucionales pertinentes”.

Por su parte, el rector de la UACh Dr. José Dörner señaló que “el Plan de Recuperación está en proceso de su aplicación y estamos trabajando permanente con la Superintendencia de Educación Superior para su buen desarrollo. Esta es la etapa inicial, que ha requerido ajustes de procesos y sistemas de control e información. Hemos comenzado una tarea que modificará y mejorará nuestra institución de educación superior. Ese es nuestro deber y compromiso con nuestra comunidad universitaria y con los territorios en donde la Universidad Austral de Chile se emplaza”.

Dörner agregó que el Plan está definido, “fue aprobado y se está aplicando, codo a codo, con la SES y su delegado, con quien trabajamos en reuniones semanales y permanente consulta. Como consecuencia de ello debemos recordar que estamos a un mes exacto de la entrega del primer informe de avance del plan momento a partir del cual será la primera instancia de evaluación de los avances y resultados del Plan de Recuperación por parte de la SES”.

Cabe recordar que ante la implementación de la ley N°21.180 referida a la transformación digital de país, el Gobierno se encuentra trabajando en la Estrategia Nacional de Datos, la cual establecerá los estándares que determinarán las condiciones del flujo e interoperabilidad de éstos tanto en el sector público como privado.

“Como Ministerio de Hacienda circunscribimos este proyecto a la Agenda de Modernización del Estado del Gobierno del Presidente Boric, que tiene 30 iniciativas, y una de ellas se refiere a la Política Nacional de Interoperabilidad de Datos en el Estado, definida como la necesidad de tener estrategias que permitan interoperar las bases de datos con altos niveles de seguridad, resguardando la privacidad de los y las ciudadanas. Por lo mismo, para nosotros es fundamental avanzar hacia mejores plataformas y servicios digitales compartidos; y esperamos que este proyecto identifique las brechas para la interoperabilidad y que obtengamos un modelo replicable en el resto de las instituciones públicas, con las mejores prácticas en estas materias”, explicó la subsecretaria Berner.

En la actividad participaron el coordinador de Modernización del Estado, Rodrigo Lavanderos; la representante del BID en Chile, Florencia Attademo-Hirt; el director de la Secretaría de Gobierno Digital, José Inostroza, las superintendentas Pamela Gana, de Seguridad Social; Marta Cabeza, de Electricidad y Combustibles; Vivien Villagrán, de Casinos y Juegos; y Claudia Pastore, quien reemplazó a la titular de Medio Ambiente; y los superintendentes Hugo Sánchez, de Insolvencia y Reemprendimiento; Mauricio Farías, de Educación; Víctor Torres, de Salud; Jorge Rivas, de Servicios Sanitarios; José Miguel Salazar, de Educación Superior; y Osvaldo Macías, de Pensiones.

En términos más amplios, lo que se busca con este proyecto es avanzar hacia un Estado impulsado por datos, que no sólo optimice las operaciones internas, sino que también entregue mayor transparencia y confianza en las instituciones públicas.

La asesoría del BID considera la elaboración de un diagnóstico sobre el nivel de madurez institucional de las superintendencias, identificando brechas y entregando recomendaciones, incorporadas en una estrategia y un plan de acción.

Florencia Attademo-Hirt, representante del BID en Chile, dijo que “es fundamental fortalecer las condiciones habilitantes que permitan aprovechar el potencial de los datos como un componente crucial para la transformación digital. Estamos convencidos que no hay desarrollo sin ellos y sin modernización de las instituciones públicas”.

Por su parte, el coordinador de Modernización, Rodrigo Lavanderos, señaló que “la gestión de datos es parte de una estrategia integral de la gobernanza digital de los países, es un área sensible que requiere de políticas de acceso, control de riesgos y seguridad informática, más aún en el mundo de las superintendencias, instituciones encargadas de las funciones de regulación de sectores productivos del país”. Agregó que “este proyecto permitirá, como parte de la Agenda de Modernización del Estado establecer estándares que permitirán la interoperabilidad de los datos de los sectores regulados, generando las sinergias necesarias para facilitar y fortalecer el acceso y los servicios prestados a la ciudadanía”.

La superintendenta Pamela Gana relevó “la importancia de iniciar este proyecto de gobernanza de datos en conjunto con las superintendencias, que son los entes supervisores y reguladores en Chile. La gobernanza de datos nos habilita para acercarnos a todo lo que es el proyecto de gobierno digital y de transformación digital del Estado. Al responder mejor a la ciudadanía con datos, les estamos garantizando derechos y un Estado más eficiente y efectivo. Y esto, tiene un impacto ciudadano importante”.

José Inostroza, director de la Secretaría de Gobierno Digital, destacó que “la transformación digital y un Estado más moderno se tienen que basar en un sistema de datos, por lo que hay que tener muy claro qué significa cada dato para cada uno de los actores. Estamos satisfechos porque hemos reunido a las superintendencias que son líderes en trabajar con datos en el Estado, que además regulan sectores. Por eso nos pondremos de acuerdo en un marco de gobernanza de datos para generar sinergia de proyectos entre ellas y potenciar la interoperabilidad”.

La idea matriz de la iniciativa es crear medidas para resguardar la salud mental de todas las comunidades de la educación superior. De esta forma, el proyecto de ley plantea establecer derechos específicos para estudiantes que requieren cuidados en su salud mental y otras que resguardan y promueven la buena salud mental de la comunidad en su conjunto.

Para ello la iniciativa establece algunas medidas de resguardo. Por ejemplo, la obligatoriedad de incorporar una semana de receso académico por periodo y días de gracia post feriados y semanas de recesos, para organizar estudios y trabajos.

También agrega medidas específicas para estudiantes con problemas de salud mental debidamente acreditados por un psiquiatra. Entre ellas, postergación de evaluaciones; prioridad en la inscripción de asignaturas o interrupción anticipada; modificación del formato de las evaluaciones; y exigencia de menor porcentaje de asistencia, entre otros.

Al respecto, el superintendente señaló que hay que tener un cuidado especial para ver cómo este proyecto se cruza con otros proyectos que ya han sido aprobados y que están vigentes, en especial con la Ley 21.545, conocida como Ley TEA. “Esta norma mandata al legislador, a la administración de Estado y a las instituciones de educación superior a velar porque haya ambientes inclusivos en la educación superior y que además se hagan ajustes necesarios en el proceso formativo en función de las necesidades y características de estos estudiantes. Por lo tanto, hay aspectos específicos que exige este proyecto que la Ley TEA ya mandata”.

Asimismo, advirtió que la propuesta podría incidir en el régimen de la Gratuidad y que por ello podría tener impacto en la política arancelaria. “Esto porque se plantea que los ritmos de progresión académica sean distintos y si la Gratuidad está fijada en base a la duración formal de las carreras, aquí puede abrirse un espacio donde se necesite un complemento adicional para enfrentar este problema”.

El superintendente Salazar apuntó que “si el proyecto quiere avanzar en la prohibición de la discriminación por salud mental en el ingreso, significa que tenemos que diagnosticar en el ingreso cuál es la situación mental de todos los estudiantes que van a ingresar a la educación superior y para eso necesitaríamos un instrumento de alcance nacional que pudiera identificar estas realidades oportunamente. Es importante tener en claro que un gran porcentaje de estos problemas se puede presentar en estudiantes que no tienen un diagnóstico médico, porque probablemente no tienen acceso a un sistema de salud expedito que se lo permita”.

Finalmente y frente a los últimos casos que dan cuenta de los graves problemas de salud mental que afectan a muchos estudiantes del área de la salud, Salazar anunció que la Superintendencia está trabajando para generar una norma general de convivencia en campos clínicos. Para eso ha convocado a mesas de trabajo a la Asofamech, al Consejo de Rectores, a estudiantes y ha sumado a otras instituciones para recibir recomendaciones y “poder concluir ¿qué podemos hacer distinto para que las cosas funcionen mejor? Hoy si recabamos un poco vamos a concluir que hay protocolos para todo, el problema es que no se cumplen. Hay que avanzar en el seguimiento y monitoreo de estos procesos”, concluyó.

En la oportunidad y ante las consultas de la prensa, el superintendente hizo hincapié en la urgencia de abordar los desafíos que enfrentan los campos clínicos en materia de convivencia, anunciando que la Superintendencia de Educación Superior (SES) está elaborando una normativa para resguardar la sana convivencia entre estudiantes y profesionales durante los internados en los campus clínicos, la cual “estará lista a fines de este año”, precisó.

El Consejo Asesor se conformó en 2023 como un espacio participativo, representativo y consultivo conformado por representantes del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, y reunió a expertas y expertos en salud mental, representantes de las instituciones de educación superior, representantes estudiantiles (Confech, Anaes y Asemech), representantes de la Comisión Nacional de Acreditación, y de la Comisión de Convivencia Universitaria y Salud Mental del Cruch.

Los hallazgos obtenidos dan cuenta de la mayor visibilidad de la temática de salud mental en los procesos académicos y formativos, así como de los desiguales recursos y capacidades con que cuentan las instituciones para enfrentar estos desafíos de manera efectiva y oportuna.

Entre las principales recomendaciones del informe se encuentran temas como potenciales cambios en los planes de estudio de programas y carreras para diseñar currículums saludables, con especial atención a la coherencia entre la carga académica de las asignaturas y la vida saludable; instalar mecanismos que permitan mayor flexibilidad y diversificación a las mallas y planes de estudio; y evaluar la duración de las carreras a partir de un análisis de las cargas académicas a fin de que puedan adaptarse a los proyectos vitales de los estudiantes, a las realidades del mercado laboral y a la promoción de una educación para el bienestar.

En la instancia el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, valoró el trabajo del Consejo y expresó que “el informe adopta el principio de la corresponsabilidad, donde el resguardo de la salud mental es tarea de todas y de todos, incluyendo la política pública, los distintos estamentos de las instituciones educativas, y la sociedad en su conjunto, (…) “y creemos que estamos ante unas orientaciones integrales que nos permiten dar un paso adelante en esta materia tan sensible para el Gobierno”.

En la instancia participó también la doctora Soledad Martínez, jefa de la División de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, quien señaló que “la salud mental es una prioridad para el Ministerio de Salud y hemos trabajado con el Ministerio de Educación en esta iniciativa que para nosotros es fundamental. Se da además en el contexto de la Ley Integral de Salud Mental que estamos trabajando intersectorialmente y que prontamente esperamos que pueda ser enviada al Congreso. En particular sobre esta línea de trabajo, y específicamente sobre estas recomendaciones, sin duda nos servirán en este camino legislativo, pero también nos aporta para poder fortalecer las coordinaciones con las universidades y el Mineduc y así poder implementar, desde ya medidas que vayan en respuesta a las comunidades de educación superior. Desde el Minsal seguiremos profundizando el cuidado de nuestra población y amplificando con fuerza que nadie está solo o sola para enfrentar sus problemas de salud mental.”