Rol de la SES

Nuestro rol como Superintendencia es fundamental en la supervisión y fiscalización de las instituciones de educación superior. Trabajamos para asegurar que todas las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica del país cumplan con las medidas que exige la Ley 21.369 que previene y sanciona el acoso sexual, la discriminación y la violencia de género en la educación superior. Es esencial que estas instituciones no solo dispongan y apliquen esta nueva institucionalidad, sino que también informen a sus comunidades sobre cómo acceder a ellos y dispongan de canales internos accesibles y eficientes para recibir denuncias sobre esta materia.

Acciones concretas

• Supervisión y Fiscalización: Nos aseguramos de que las instituciones de educación superior cumplan con la normativa vigente en materia de prevención y manejo de situaciones de violencia de género. Esto incluye la disposición de canales internos para recibir y gestionar denuncias.
• Certeza jurídica: Entregamos certeza jurídica a las instituciones de educación superior, a sus comunidades estudiantiles y a los distintos actores del sistema en aquellas materias relevantes que requieren una interpretación legal. Esto permite responder adecuadamente al espíritu de la ley y garantizar un manejo adecuado de las denuncias de violencia de género, discriminación y acoso sexual.
• Monitoreo y Evaluación: Realizamos un seguimiento constante para evaluar la efectividad de los mecanismos de denuncia y la respuesta de las instituciones ante las situaciones de violencia de género, discriminación y acoso sexual. Este monitoreo nos permite identificar áreas de mejora y asegurar una protección efectiva para los estudiantes y académicos.

Llamado a la acción

Invitamos a los estudiantes, académicos, y autoridades de las instituciones de educación superior a conocer y utilizar los canales de denuncia disponibles en sus respectivas instituciones. La prevención y erradicación de la violencia de género, la discriminación y el acoso sexual es una responsabilidad compartida que requiere del compromiso y participación activa de toda la comunidad educativa.

Al respecto, el Superintendente Salazar señaló que “le expresamos a las autoridades de la universidad nuestras observaciones respecto a algunas medidas que no han sido correctamente ejecutadas y que están siendo corregidas para no comprometer la viabilidad del plan. También relevamos la importancia de que la Universidad desarrolle una acción comunicacional que permita a toda la comunidad conocer las decisiones que se están tomando y ponderar los efectos que estas traen. Es fundamental que la universidad despliegue su capacidad de diálogo y negociación para abordar los procesos de movilización en curso, a fin de canalizarlos a través de la institucionalidad de la UACh”.

Salazar enfatizó que “confiamos en que la rectoría liderada por el profesor Dörner podrá resolver prontamente estas situaciones. Invitamos a la comunidad a informarse sobre el plan, a participar de las distintas instancias colegiadas y a canalizar sus dudas y aprensiones a través de los canales institucionales pertinentes”.

Por su parte, el rector de la UACh Dr. José Dörner señaló que “el Plan de Recuperación está en proceso de su aplicación y estamos trabajando permanente con la Superintendencia de Educación Superior para su buen desarrollo. Esta es la etapa inicial, que ha requerido ajustes de procesos y sistemas de control e información. Hemos comenzado una tarea que modificará y mejorará nuestra institución de educación superior. Ese es nuestro deber y compromiso con nuestra comunidad universitaria y con los territorios en donde la Universidad Austral de Chile se emplaza”.

Dörner agregó que el Plan está definido, “fue aprobado y se está aplicando, codo a codo, con la SES y su delegado, con quien trabajamos en reuniones semanales y permanente consulta. Como consecuencia de ello debemos recordar que estamos a un mes exacto de la entrega del primer informe de avance del plan momento a partir del cual será la primera instancia de evaluación de los avances y resultados del Plan de Recuperación por parte de la SES”.

Cabe recordar que ante la implementación de la ley N°21.180 referida a la transformación digital de país, el Gobierno se encuentra trabajando en la Estrategia Nacional de Datos, la cual establecerá los estándares que determinarán las condiciones del flujo e interoperabilidad de éstos tanto en el sector público como privado.

“Como Ministerio de Hacienda circunscribimos este proyecto a la Agenda de Modernización del Estado del Gobierno del Presidente Boric, que tiene 30 iniciativas, y una de ellas se refiere a la Política Nacional de Interoperabilidad de Datos en el Estado, definida como la necesidad de tener estrategias que permitan interoperar las bases de datos con altos niveles de seguridad, resguardando la privacidad de los y las ciudadanas. Por lo mismo, para nosotros es fundamental avanzar hacia mejores plataformas y servicios digitales compartidos; y esperamos que este proyecto identifique las brechas para la interoperabilidad y que obtengamos un modelo replicable en el resto de las instituciones públicas, con las mejores prácticas en estas materias”, explicó la subsecretaria Berner.

En la actividad participaron el coordinador de Modernización del Estado, Rodrigo Lavanderos; la representante del BID en Chile, Florencia Attademo-Hirt; el director de la Secretaría de Gobierno Digital, José Inostroza, las superintendentas Pamela Gana, de Seguridad Social; Marta Cabeza, de Electricidad y Combustibles; Vivien Villagrán, de Casinos y Juegos; y Claudia Pastore, quien reemplazó a la titular de Medio Ambiente; y los superintendentes Hugo Sánchez, de Insolvencia y Reemprendimiento; Mauricio Farías, de Educación; Víctor Torres, de Salud; Jorge Rivas, de Servicios Sanitarios; José Miguel Salazar, de Educación Superior; y Osvaldo Macías, de Pensiones.

En términos más amplios, lo que se busca con este proyecto es avanzar hacia un Estado impulsado por datos, que no sólo optimice las operaciones internas, sino que también entregue mayor transparencia y confianza en las instituciones públicas.

La asesoría del BID considera la elaboración de un diagnóstico sobre el nivel de madurez institucional de las superintendencias, identificando brechas y entregando recomendaciones, incorporadas en una estrategia y un plan de acción.

Florencia Attademo-Hirt, representante del BID en Chile, dijo que “es fundamental fortalecer las condiciones habilitantes que permitan aprovechar el potencial de los datos como un componente crucial para la transformación digital. Estamos convencidos que no hay desarrollo sin ellos y sin modernización de las instituciones públicas”.

Por su parte, el coordinador de Modernización, Rodrigo Lavanderos, señaló que “la gestión de datos es parte de una estrategia integral de la gobernanza digital de los países, es un área sensible que requiere de políticas de acceso, control de riesgos y seguridad informática, más aún en el mundo de las superintendencias, instituciones encargadas de las funciones de regulación de sectores productivos del país”. Agregó que “este proyecto permitirá, como parte de la Agenda de Modernización del Estado establecer estándares que permitirán la interoperabilidad de los datos de los sectores regulados, generando las sinergias necesarias para facilitar y fortalecer el acceso y los servicios prestados a la ciudadanía”.

La superintendenta Pamela Gana relevó “la importancia de iniciar este proyecto de gobernanza de datos en conjunto con las superintendencias, que son los entes supervisores y reguladores en Chile. La gobernanza de datos nos habilita para acercarnos a todo lo que es el proyecto de gobierno digital y de transformación digital del Estado. Al responder mejor a la ciudadanía con datos, les estamos garantizando derechos y un Estado más eficiente y efectivo. Y esto, tiene un impacto ciudadano importante”.

José Inostroza, director de la Secretaría de Gobierno Digital, destacó que “la transformación digital y un Estado más moderno se tienen que basar en un sistema de datos, por lo que hay que tener muy claro qué significa cada dato para cada uno de los actores. Estamos satisfechos porque hemos reunido a las superintendencias que son líderes en trabajar con datos en el Estado, que además regulan sectores. Por eso nos pondremos de acuerdo en un marco de gobernanza de datos para generar sinergia de proyectos entre ellas y potenciar la interoperabilidad”.

La idea matriz de la iniciativa es crear medidas para resguardar la salud mental de todas las comunidades de la educación superior. De esta forma, el proyecto de ley plantea establecer derechos específicos para estudiantes que requieren cuidados en su salud mental y otras que resguardan y promueven la buena salud mental de la comunidad en su conjunto.

Para ello la iniciativa establece algunas medidas de resguardo. Por ejemplo, la obligatoriedad de incorporar una semana de receso académico por periodo y días de gracia post feriados y semanas de recesos, para organizar estudios y trabajos.

También agrega medidas específicas para estudiantes con problemas de salud mental debidamente acreditados por un psiquiatra. Entre ellas, postergación de evaluaciones; prioridad en la inscripción de asignaturas o interrupción anticipada; modificación del formato de las evaluaciones; y exigencia de menor porcentaje de asistencia, entre otros.

Al respecto, el superintendente señaló que hay que tener un cuidado especial para ver cómo este proyecto se cruza con otros proyectos que ya han sido aprobados y que están vigentes, en especial con la Ley 21.545, conocida como Ley TEA. “Esta norma mandata al legislador, a la administración de Estado y a las instituciones de educación superior a velar porque haya ambientes inclusivos en la educación superior y que además se hagan ajustes necesarios en el proceso formativo en función de las necesidades y características de estos estudiantes. Por lo tanto, hay aspectos específicos que exige este proyecto que la Ley TEA ya mandata”.

Asimismo, advirtió que la propuesta podría incidir en el régimen de la Gratuidad y que por ello podría tener impacto en la política arancelaria. “Esto porque se plantea que los ritmos de progresión académica sean distintos y si la Gratuidad está fijada en base a la duración formal de las carreras, aquí puede abrirse un espacio donde se necesite un complemento adicional para enfrentar este problema”.

El superintendente Salazar apuntó que “si el proyecto quiere avanzar en la prohibición de la discriminación por salud mental en el ingreso, significa que tenemos que diagnosticar en el ingreso cuál es la situación mental de todos los estudiantes que van a ingresar a la educación superior y para eso necesitaríamos un instrumento de alcance nacional que pudiera identificar estas realidades oportunamente. Es importante tener en claro que un gran porcentaje de estos problemas se puede presentar en estudiantes que no tienen un diagnóstico médico, porque probablemente no tienen acceso a un sistema de salud expedito que se lo permita”.

Finalmente y frente a los últimos casos que dan cuenta de los graves problemas de salud mental que afectan a muchos estudiantes del área de la salud, Salazar anunció que la Superintendencia está trabajando para generar una norma general de convivencia en campos clínicos. Para eso ha convocado a mesas de trabajo a la Asofamech, al Consejo de Rectores, a estudiantes y ha sumado a otras instituciones para recibir recomendaciones y “poder concluir ¿qué podemos hacer distinto para que las cosas funcionen mejor? Hoy si recabamos un poco vamos a concluir que hay protocolos para todo, el problema es que no se cumplen. Hay que avanzar en el seguimiento y monitoreo de estos procesos”, concluyó.

En la oportunidad y ante las consultas de la prensa, el superintendente hizo hincapié en la urgencia de abordar los desafíos que enfrentan los campos clínicos en materia de convivencia, anunciando que la Superintendencia de Educación Superior (SES) está elaborando una normativa para resguardar la sana convivencia entre estudiantes y profesionales durante los internados en los campus clínicos, la cual “estará lista a fines de este año”, precisó.

El Consejo Asesor se conformó en 2023 como un espacio participativo, representativo y consultivo conformado por representantes del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, y reunió a expertas y expertos en salud mental, representantes de las instituciones de educación superior, representantes estudiantiles (Confech, Anaes y Asemech), representantes de la Comisión Nacional de Acreditación, y de la Comisión de Convivencia Universitaria y Salud Mental del Cruch.

Los hallazgos obtenidos dan cuenta de la mayor visibilidad de la temática de salud mental en los procesos académicos y formativos, así como de los desiguales recursos y capacidades con que cuentan las instituciones para enfrentar estos desafíos de manera efectiva y oportuna.

Entre las principales recomendaciones del informe se encuentran temas como potenciales cambios en los planes de estudio de programas y carreras para diseñar currículums saludables, con especial atención a la coherencia entre la carga académica de las asignaturas y la vida saludable; instalar mecanismos que permitan mayor flexibilidad y diversificación a las mallas y planes de estudio; y evaluar la duración de las carreras a partir de un análisis de las cargas académicas a fin de que puedan adaptarse a los proyectos vitales de los estudiantes, a las realidades del mercado laboral y a la promoción de una educación para el bienestar.

En la instancia el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, valoró el trabajo del Consejo y expresó que “el informe adopta el principio de la corresponsabilidad, donde el resguardo de la salud mental es tarea de todas y de todos, incluyendo la política pública, los distintos estamentos de las instituciones educativas, y la sociedad en su conjunto, (…) “y creemos que estamos ante unas orientaciones integrales que nos permiten dar un paso adelante en esta materia tan sensible para el Gobierno”.

En la instancia participó también la doctora Soledad Martínez, jefa de la División de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, quien señaló que “la salud mental es una prioridad para el Ministerio de Salud y hemos trabajado con el Ministerio de Educación en esta iniciativa que para nosotros es fundamental. Se da además en el contexto de la Ley Integral de Salud Mental que estamos trabajando intersectorialmente y que prontamente esperamos que pueda ser enviada al Congreso. En particular sobre esta línea de trabajo, y específicamente sobre estas recomendaciones, sin duda nos servirán en este camino legislativo, pero también nos aporta para poder fortalecer las coordinaciones con las universidades y el Mineduc y así poder implementar, desde ya medidas que vayan en respuesta a las comunidades de educación superior. Desde el Minsal seguiremos profundizando el cuidado de nuestra población y amplificando con fuerza que nadie está solo o sola para enfrentar sus problemas de salud mental.”

Con esa misión, la SES inició sus funciones el 6 de mayo de 2019 y ello permitió también que, por primera vez, el país contara con un organismo fiscalizador en materias relativas al sector, con facultades para resolver los reclamos y denuncias que le presenten los distintos miembros de las comunidades educativas, de manera de contribuir a resguardar sus derechos y a resolver las controversias que entre ellos se produzcan.

Tras cumplir un proceso de implementación que debió sortear importantes contingencias, como fue el estallido social y luego la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, hoy la Superintendencia de Educación Superior cumple 5 años de funcionamiento con el desafío de generar una supervisión continua que brinde retroalimentación a las instituciones de educación superior, proporcionando certeza sobre el grado de cumplimiento de la normativa sectorial.

En los últimos dos años, además de las acciones de supervigilancia que desarrolla regularmente, la Superintendencia priorizó el desarrollo de acciones de fiscalización en terreno, de manera de integrar a la evidencia documental aquella levantada in situ y que permitan un rápido acceso a los testimonios de las personas involucradas en las acciones de investigación.

Para la SES es fundamental estar en permanente contacto con los distintos actores que conforman el sistema de educación superior, para lo cual ha desplegado diversas acciones de encuentro y de acompañamiento, con el propósito de fomentar la instalación y el fortalecimiento de capacidades y buenas prácticas dentro de las instituciones de educación superior, y de esa manera facilitar el cumplimiento de la normativa que les es aplicable.

En el marco de esta agenda de relacionamiento con el sector, la Superintendencia promovió durante 2023 la instalación de mesas de trabajo con los distintos grupos de interés que conforman el sector de educación superior de manera de generar una participación activa en la construcción de soluciones.

La SES también se ha propuesto proporcionar a la ciudadanía información pertinente sobre la realidad del sistema de educación superior chileno. Con más y mejor información disponible sobre el estado del sector, la Superintendencia puede avanzar en el desarrollo de estudios longitudinales con bases de datos no públicas que contribuyan a dar cuenta de aspectos críticos de la realidad de la educación superior chilena. Los antecedentes agregados que emerjan de esos estudios podrán ser compartidos con los hacedores de política pública, con los distintos tipos de instituciones formativas de nivel superior y con la comunidad nacional con el objetivo de agregar información sobre variables críticas del desarrollo del sector.

Bajo esa premisa, en 2023, la Superintendencia publicó el primer informe sobre la Salud Financiera de la Educación Superior en Chile. Este documento, basado en un estudio exploratorio que abarcó un período de 11 años (2012-2022), se encuentra disponible en el sitio web institucional: www.sesuperior.cl.

Este trabajo marcó el inicio de una serie de documentos sobre educación superior que la Superintendencia de Educación Superior desarrollará como parte de una nueva línea de estudio, orientada a analizar aspectos estructurales de la educación superior chilena, utilizando fuentes de información interna, con el objetivo de fortalecer su función de supervisión.

La SES cumple sus primeros cinco años de funcionamiento con una mayor madurez y musculatura institucional, completamente insertada en el sector, pero con la permanente convicción de que su capacidad fiscalizadora y de evaluación no puede ser construido con independencia de los regulados. Es por eso que uno de los principales desafíos institucionales es abrir nuevos procesos de consulta y diálogo sectorial, de manera que las nuevas herramientas disponibles se ajusten a la realidad de la educación superior y se enmarquen en su marco regulatorio.

“Hemos venido a la Universidad esta semana para comunicar la decisión que se tomó en torno a aprobar el plan de recuperación. Desde el punto de vista de la Superintendencia, esto significa que quisimos conversar con todas las instancias, pero también con los principales grupos de interés de la Universidad para clarificar lo que está ocurriendo y lo que va a pasar a continuación”, destacó el Superintendente.

Salazar añadió: “Para nosotros es muy importante este plan y queremos apoyar el desarrollo de acciones que son difíciles de tomar para una institución tan consolidada como la Universidad Austral, en torno a salir de la situación de déficit financiero en que se encuentra. Eso implica que tiene que haber mayor participación, pero también mayor transparencia y también razonabilidad y objetividad en las medidas que se vayan tomando. Hemos invitado a todas las instancias a tratar de producir las condiciones necesarias para que este plan sea legítimo, que su implementación sea correcta y que beneficie a la institución como un todo, sin perjuicio de los costos que la comunidad va a pagar a propósito de estas iniciativas”, finalizó la autoridad nacional.

Por su parte el Rector de la Universidad Austral, José Dörner,  manifestó que “la visita del Superintendente de Educación Superior ha sido muy positiva en el marco del diálogo que ha sostenido con los distintos estamentos de nuestra casa de estudios. Valoro que aceptará nuestra invitación y pudiera encabezar las reuniones que se generaron, con espacios de diálogos muy sinceros y honestos, donde se hicieron consultas que fueron respondidas claramente por el Superintendente; quien ha puntualizado que las medidas que se tomen tienen que hacerse sobre la base de criterios claros, objetivos y conocidos, teniendo como base llevar a cabo las medidas que se han propuesto en el Plan de Recuperación”, destacó.

Asimismo, el Delegado Presidencial Regional de Los Ríos, Jorge Alvial señaló que: “Desde el Gobierno hemos estado acompañando la visita del superintendente, quien sostuvo una serie de reuniones, y valoramos esta visita puesto que viene a entregar certezas y a aclarar dudas respecto al plan de trabajo que está llevando la Universidad para lograr una sostenibilidad financiera en el corto plazo, lo que es de público conocimiento. Se especificó el trabajo y el rol que vamos a tener como Gobierno, para acompañar a la universidad en todo este proceso”, destacó Alvial.

Respecto de los procesos académicos, el Seremi de Educación, Juan Pablo Gerter indicó: “Esta visita se enmarca en la aprobación del plan de recuperación, y con el objetivo de generar certezas y entregar tranquilidad a la comunidad estudiantil de que los procesos académicos tienen que mantenerse y desarrollarse con la normalidad que exige esta universidad. Esta visita nos permite ir dialogando de primera fuente respecto a los aspectos centrales que le darán estabilidad a la universidad. Así hemos obtenido certezas en cuanto a los caminos que hay que seguir y valoro que los estudiantes, como parte esencial de la casa de estudios, reciban la información que requieren”.

Para la Superintendencia es de gran importancia poder conocer testimonios como el que entrega la presidenta de la Fundación y madre de José Galasso, Odette Hofer, quien decidió orientar todos sus esfuerzos a sensibilizar y “promover el bienestar en los ambientes de educación superior, generando entornos de enseñanza y aprendizajes saludables, libres de estigma, con el fin de prevenir crisis personales o emocionales extremas, y evitar pensamientos, ideación o acciones suicidas en nuestros jóvenes estudiantes”.

“Este es un tema que excede a una institución o a una carrera en particular, tiene un alcance más transversal y que tenemos que abordar como comunidad de la educación superior. En consecuencia, la Superintendencia está trabajando para que eso ocurra, iniciando una serie de conversaciones con todos los actores que tienen responsabilidad en el ejercicio formativo que se desarrolla en los campus clínicos y en la convivencia que se produce en ellos, con el objeto de reforzar la prevención de cualquier tipo de hechos que puedan afectar la integridad física y/o psíquica de las y los estudiantes a través de una nueva normativa general”, señaló el superintendente Salazar.

Para la presidenta de la Fundación José Galasso la visita a la Superintendencia dejó sensaciones muy positivas. “Ha sido muy grato saber que la Superintendencia está abierta a escuchar los problemas de los estudiantes y desde ahí tomar ciertas medidas y lograr a fin de año, ojalá, medidas específicas para poder evitar que estas graves situaciones se sigan repitiendo. En la conversación se trataron distintos temas que han abordados los estudiantes y lo que me alegra mucho es que se está formando una mesa de trabajo intersectorial que proyecta un trabajo con altura de miras”.

Además de los otros integrantes de directorio de la Fundación, Hofer asistió acompañada de Krisna Ramírez, directora nacional de la Federación de Estudiantes de Kinesiología, y Nicolás Abasolo, presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina de Chile (Asemech). Ambos también valoraron el encuentro y adelantan que distintos actores del sector estudiantil se están coordinando para promover cambios que protejan la salud mental de los estudiantes, especialmente, en los campos clínicos.

“Tengo la sensación de que existe una clara disposición al diálogo, a realizar cambios, con una mirada colaborativa, en equipos. Ojalá a través de este diálogo, tanto con la Asociación Nacional de Estudiantes de Salud (AnaesChile) como con otras organizaciones estudiantiles, se puede lograr modificaciones a los protocolos y a los métodos de fiscalización que tenemos actualmente en los centros de práctica clínica en salud y que son urgentes para poder asegurar una relación más amena con los estudiantes”, comentó Ramírez.

Abásalo, por su cuenta, agregó que “se están trazando varias líneas sobre lo que tenemos que hacer de aquí a futuro, tanto en la formación en aula como en los campos clínicos. Creemos fundamental establecer un trabajo colaborativo con las entidades gubernamentales y estatales que participan en sector estudiantil, para que sean parte activa la generación de estas propuestas”.