Avanza mesa técnica para la implementación de la Ley 21.369

Desde mayo se encuentra en funcionamiento la Mesa Técnica para la implementación de la Ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, cuerpo legal que entrará en vigencia el próximo 15 de septiembre. La instancia, convocada por la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa Huencho, ha permitido la coordinación y articulación de los órganos del Estado que integran el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SINACES), con el propósito de aunar criterios, definir orientaciones y proporcionar una respuesta estatal articulada que apoye a las comunidades educativas en este proceso, considerando las particularidades tanto del subsistema universitario como del técnico-profesional.

La mesa cuenta con un total de 10 integrantes, es coordinada por Carolina Muñoz Rojas, asesora de Género de la Subsecretaría de Educación Superior, y cuenta con la participación de representantes de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), el Consejo Nacional de Educación (CNED) y la Superintendencia de Educación Superior (SES), todas instituciones que son parte del SINACES. Se ha invitado además al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género -en su rol rector de las políticas de igualdad de género- y al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, en virtud del trabajo en materia de igualdad de género que desarrolla su Subsecretaría.

En base a sesiones semanales, la mesa se ha propuesto un plan de trabajo de corto plazo, orientado a conocer el diagnóstico de las Instituciones de Educación Superior en el cumplimiento de los requisitos que establece la ley durante los meses previos a su cumplimiento obligatorio. En base a ello, espera detectar necesidades de apoyo, definir orientaciones, generar instancias de diálogo y socialización que permitan a las casas de estudios avanzar tanto en la elaboración como en la implementación de las políticas, protocolos, reglamentos y modelos que exige la respectiva ley.

Durante las primeras sesiones, la mesa se ha enfocado en conocer los resultados de los respectivos diagnósticos aportados por las instituciones participantes. Dichos resultados reflejan una situación heterogénea entre las instituciones, detectando ciertos ámbitos regulados por la ley en los que se requiere definir mecanismos de apoyo para lograr su efectiva implementación.

En ese sentido, el principal diagnóstico lo entregó la Superintendencia de Educación Superior que, durante los meses de abril y mayo 2022, aplicó un formulario a todas las instituciones de educación superior del país para levantar información específica respecto al estado de avance en la implementación de la Ley 21.369. Se recibió la respuesta de 133 IES de un total 140 casas de estudios consultadas (95%), de las cuales 54 corresponden a Universidades, 32 a IP y 47 a CFT, entregando datos altamente representativos de la realidad del sistema en su conjunto. Entre los resultados, destaca el que 113 IES declararon contar con alguna reglamentación o instrumento que regula el acoso sexual, la violencia y/o la discriminación de género y, de ellas, 79 señalaron que ya contaban con alguno de los instrumentos previo a la ley. Solo 20 IES señalaron no contar actualmente con alguna reglamentación o instrumentos que regulen el acoso sexual, la violencia y/o la discriminación de género, sin perjuicio de lo cual indicaron que se encontraban en proceso de elaboración.

En el caso de la Encuesta de Género aplicada por el Centro de Estudios MINEDUC a 97 IES a fines de 2021, se observó que de las 43 universidades participantes un 33% declaraba a la fecha contar con una dirección a cargo de las políticas de igualdad de género, un 16% con unidades, 9% con oficinas, 4% con programas o departamentos, 19% con otros organismos y 19% no contaba con ningún organismo centralizado. A nivel de IP y CFT, de los 54 participantes, un 11% declara contar con una dirección, 7% con una unidad, 6% con un programa o departamento, un 28% cuenta con otros organismos y un 48% no cuenta con organismo centralizado. Estos resultados reflejan condiciones de institucionalización dispares para las políticas de igualdad de género en la Educación Superior, siendo esta una condición previa que contribuye al cumplimiento de los requisitos de la ley ya que ha permitido que se avance en el abordaje de las violencias de género en la educación superior, entre otros aspectos.

En base a esta información diagnóstica, se espera definir orientaciones técnicas que permitan a las IES contar con una referencia en la preparación, implementación y evaluación de sus políticas integrales, acordes a su especificidad e implementados en virtud de su autonomía. Para los meses restantes, se espera generar instancias de colaboración e intercambio de experiencias con actores claves, así como proponer mecanismos de fiscalización, seguimiento, evaluación y articulación de la puesta en marcha de las políticas integrales, tal como las define la ley.

En una segunda etapa de trabajo de la mesa, tras la implementación de las políticas y sus respectivos modelos, se espera articular acciones y criterios para el abordaje preventivo de las violencias de género, clave para las instituciones educativas, velando por la protección y reparación a las víctimas que soliciten investigar y sancionar hechos de violencia y discriminación de género, en un marco de calidad y justicia educativa en la educación superior.