La fiscal agregó que “lo que hace la ley es establecer obligaciones a las instituciones de educación superior, entonces son los planteles educacionales  los primeros llamados a cumplir esta ley. Llegan a la Superintendencia los reclamos o denuncias cuando no reciben una respuesta adecuada o tienen dudas con el proceso. El primer llamado es que las instituciones de educación superior solucionen los conflictos que se presenten y en caso de que exista una vulneración a la normativa, pase a la Superintendencia”.
Para culminar, destacó que “la primera gran evaluación que podemos hacer es que la institucionalidad está instalada (…) sin perjuicio de eso, siguen ocurriendo casos y el desafío es seguir implementando esta ley en un proceso de promover que se cumpla la institucionalidad”.