Superintendencia de Educación Superior celebra sus cinco años de funcionamiento con renovados desafíos

La Ley 21.091, sobre educación superior, creo a la Superintendencia de Educación Superior (SES) con el objetivo de ser el organismo público responsable de fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnicas del país en el ámbito de su competencia. Así también debe fiscalizar que éstas destinen sus recursos a los fines que les son propios, de acuerdo a la ley y su regulación interna.

Con esa misión, la SES inició sus funciones el 6 de mayo de 2019 y ello permitió también que, por primera vez, el país contara con un organismo fiscalizador en materias relativas al sector, con facultades para resolver los reclamos y denuncias que le presenten los distintos miembros de las comunidades educativas, de manera de contribuir a resguardar sus derechos y a resolver las controversias que entre ellos se produzcan.

Tras cumplir un proceso de implementación que debió sortear importantes contingencias, como fue el estallido social y luego la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, hoy la Superintendencia de Educación Superior cumple 5 años de funcionamiento con el desafío de generar una supervisión continua que brinde retroalimentación a las instituciones de educación superior, proporcionando certeza sobre el grado de cumplimiento de la normativa sectorial.

En los últimos dos años, además de las acciones de supervigilancia que desarrolla regularmente, la Superintendencia priorizó el desarrollo de acciones de fiscalización en terreno, de manera de integrar a la evidencia documental aquella levantada in situ y que permitan un rápido acceso a los testimonios de las personas involucradas en las acciones de investigación.

Para la SES es fundamental estar en permanente contacto con los distintos actores que conforman el sistema de educación superior, para lo cual ha desplegado diversas acciones de encuentro y de acompañamiento, con el propósito de fomentar la instalación y el fortalecimiento de capacidades y buenas prácticas dentro de las instituciones de educación superior, y de esa manera facilitar el cumplimiento de la normativa que les es aplicable.

En el marco de esta agenda de relacionamiento con el sector, la Superintendencia promovió durante 2023 la instalación de mesas de trabajo con los distintos grupos de interés que conforman el sector de educación superior de manera de generar una participación activa en la construcción de soluciones.

La SES también se ha propuesto proporcionar a la ciudadanía información pertinente sobre la realidad del sistema de educación superior chileno. Con más y mejor información disponible sobre el estado del sector, la Superintendencia puede avanzar en el desarrollo de estudios longitudinales con bases de datos no públicas que contribuyan a dar cuenta de aspectos críticos de la realidad de la educación superior chilena. Los antecedentes agregados que emerjan de esos estudios podrán ser compartidos con los hacedores de política pública, con los distintos tipos de instituciones formativas de nivel superior y con la comunidad nacional con el objetivo de agregar información sobre variables críticas del desarrollo del sector.

Bajo esa premisa, en 2023, la Superintendencia publicó el primer informe sobre la Salud Financiera de la Educación Superior en Chile. Este documento, basado en un estudio exploratorio que abarcó un período de 11 años (2012-2022), se encuentra disponible en el sitio web institucional: www.sesuperior.cl.

Este trabajo marcó el inicio de una serie de documentos sobre educación superior que la Superintendencia de Educación Superior desarrollará como parte de una nueva línea de estudio, orientada a analizar aspectos estructurales de la educación superior chilena, utilizando fuentes de información interna, con el objetivo de fortalecer su función de supervisión.

La SES cumple sus primeros cinco años de funcionamiento con una mayor madurez y musculatura institucional, completamente insertada en el sector, pero con la permanente convicción de que su capacidad fiscalizadora y de evaluación no puede ser construido con independencia de los regulados. Es por eso que uno de los principales desafíos institucionales es abrir nuevos procesos de consulta y diálogo sectorial, de manera que las nuevas herramientas disponibles se ajusten a la realidad de la educación superior y se enmarquen en su marco regulatorio.