Mejorar la calidad de las instituciones de educación superior

Mayo 27, 2020

Como organismo fiscalizador entendemos la necesidad de promover las condiciones que permiten el normal y armónico desarrollo del sistema, de la mano de una fiscalización efectiva y proporcional, la cual debe velar porque las instituciones de educación superior den estricto cumplimiento a la normativa que les es aplicable sin que por ello se inhiba su quehacer.

Durante este primer año de funcionamiento, en el ámbito de fiscalización, la principal tarea que nos impusimos fue contar con la mayor cantidad de información relevante del sistema, de manera de conocer el verdadero estado de cada una de las instituciones, principalmente en los temas que dicen relación con la sustentabilidad y sostenibilidad de los distintos proyectos educativos.

Por lo anterior, solicitamos al Ministerio de Educación la entrega de toda la información financiera de las instituciones de educación superior de los últimos años. Luego, con dicha información, y conscientes de las complejidades que implica la tarea de supervisar un sistema diverso y heterogéneo, comenzamos a trabajar en la elaboración de un Modelo de Supervisión Basado en Riesgo, el cual tiene por objeto focalizar la acción fiscalizadora de esta Superintendencia y prevenir escenarios que puedan afectar el normal funcionamiento de las instituciones de educación superior y que eventualmente podrían comprometer su viabilidad futura. Dicha herramienta, que a la fecha ha considerado principalmente elementos financieros, integrará distintos factores que intervienen en el adecuado desarrollo de un proyecto educativo.

En esta misma línea, esta Superintendencia requirió a la totalidad de las casas de estudios la información financiera y contractual que la ley establece y que reviste gran relevancia para el sistema, como son los estados financieros auditados; las donaciones; los actos, convenciones y operaciones realizados con personas relacionadas; los socios, asociados y directivos de las instituciones; la participación de las casas de estudios en entidades relacionadas, así como los distintos hechos esenciales reportados por cada una de éstas. El análisis de estos antecedentes nos ha permitido contar con una panorámica amplia del funcionamiento del sistema y, adicionalmente, identificar instituciones que requieren de la concentración de nuestros esfuerzos.

Además de esto, la Superintendencia ha ejercido diversas acciones de fiscalización en otras materias, tales como, incumplimientos de obligaciones contenidas en los contratos de prestación de servicios educacionales; problemas de convivencia; incumplimiento de reglamentación interna de las casas de estudio; publicidad engañosa; retención de documentación por existencia de deudas, ente otras. Cabe señalar que gran parte de estas acciones surgieron a raíz de los reclamos y denuncias presentados por la propia ciudadanía, o bien de oficio por la Superintendencia, al realizar revisiones específicas de antecedentes remitidos por las distintas casas de estudio.

A la fecha, y durante este primer año de funcionamiento, la Superintendencia ha ejecutado un total de 1.053 acciones de fiscalización, abarcando gran parte del universo de instituciones sujetas a nuestra supervisión.

Finalmente, mencionar que esta cuenta pública nos encuentra en plena ejecución del Plan Especial de Fiscalización de las medidas adoptadas por las instituciones en el contexto de la emergencia sanitaria producto del COVID-19, que constituye nuestro primer plan de fiscalización de contingencia, creado para revisar la efectiva prestación de los servicios educacionales en condiciones equivalentes a las originalmente convenidas.

Por otra parte, una de las atribuciones que la ley entrega a la Superintendencia es la de sustanciar los procesos administrativos sancionatorios y de aplicar sanciones en caso de verificarse la existencia de hechos que constituyan infracciones a la ley. En esta materia, durante este primer año de funcionamiento se instruyeron 9 procesos formales de investigación y 9 procesos administrativos sancionatorios, aplicándose sanciones en los seis casos que ya están cerrados. Las principales causas de estos procesos formales dicen relación con problemas financieros de las casas de estudio, o bien el incumplimiento de la entrega de información a esta Superintendencia.

En otro orden de ideas, una de las principales preocupaciones de las instituciones de educación superior que hemos recogido en diversas instancias en que hemos tenido la oportunidad de oír a sus representantes, dice relación con la necesidad de evitar duplicidad de solicitudes por parte de los organismos públicos con competencia en materia de educación superior. Bien, esta inquietud ha sido abordada desde el primer momento por nuestra Superintendencia, que ha buscado a través de la coordinación con otros servicios y organismos públicos, evitar una innecesaria sobrecarga administrativa y confusión en las instituciones.

Producto de lo anterior, se lograron acuerdos de colaboración muy relevantes para nuestra labor. A modo ejemplar, quisiera destacar los convenios celebrados con el Ministerio de Educación y con el Servicio Nacional del Consumidor, así como el acuerdo alcanzando con la Dirección Nacional del Trabajo, mediante los cuales coordinamos el intercambio de información relevante en materia de fiscalización.

Quisiera hacer mención también al valioso trabajo realizado hasta la fecha con la Contraloría General de la República, organismo con que hemos estado coordinados para la definición de las normas contables que serán aplicables a las instituciones de educación superior, así como en otras materias de fiscalización, particularmente en lo que dice relación a las instituciones pertenecientes al Estado.

Finalmente, en lo relativo a nuestra participación en el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, que integran la Subsecretaría de Educación Superior, la Comisión Nacional de Acreditación y el Consejo Nacional de Educación, señalar que hemos participado desde la primera sesión de su Comité de Coordinación, debatiendo los aspectos principales del quehacer de nuestros organismos y la situación que atraviesan las distintas instituciones de educación superior del país en el actual contexto, buscando siempre alinear el ejercicio de nuestras funciones y atribuciones al mejoramiento del sistema.