La Superintendencia de Educación Superior es un organismo público creado por la ley N° 21.091, sobre Educación Superior, orientado a fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica del país, así como fiscalizar porque éstos destinen sus recursos a los fines que les son propios, de acuerdo a la ley y sus estatutos.

Esta institución se crea como parte del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, compuesto también por el Ministerio de Educación, la Comisión Nacional de Acreditación y el Consejo Nacional de Educación.

Este nuevo organismo fiscalizador tiene como propósito contribuir a la mejora de la calidad de la educación superior colaborando, junto a los demás organismos del sistema, a aumentar la transparencia y la confianza de la ciudadanía en las instituciones, resguardando a su vez la fe pública depositada por la sociedad en ellas.

Las principales funciones que tiene la Superintendencia de Educación Superior, operacionalizadas en los objetivos estratégicos que se ha propuesto, son las siguientes:

• Velar por el cumplimiento normativo y la sustentabilidad de las instituciones de educación superior, cautelando asimismo porque éstas destinen sus recursos a los fines que les son propios de acuerdo a ley y a sus estatutos.
  
  
• Atender y gestionar eficiente y oportunamente las denuncias, reclamos y solicitudes de información de los distintos actores del sistema de educación superior.
  
  
• Incrementar los niveles de transparencia en el sistema de educación superior, entregando información pertinente y oportuna a los diversos actores de éste.
  
  
• Promover en las instituciones de educación superior la instalación y fortalecimiento de capacidades y prácticas que permitan el cumplimiento de la normativa que le es aplicable, con el propósito de contribuir a la calidad educativa.
  
  
• Contribuir, en coordinación con la Comisión Nacional de Acreditación, el Consejo Nacional de Educación y la Subsecretaría de Educación Superior al fortalecimiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior (SINACES).

Para poder llevar adelante sus tareas de fiscalización, la Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones:

Requerir a las instituciones de educación superior información referida a su situación económica y patrimonial, la composición de sus órganos de administración y gobierno, los actos y convenciones que celebre con entidades relacionadas y otros hechos de carácter esencial que puedan afectar estratégicamente a la institución.

Citar a los miembros de los órganos de administración y gobierno, así como a las autoridades superiores de la institución.

Solicitar información aclaratoria a las instituciones de educación superior para la adecuada gestión de las solicitudes de reclamo y denuncia.
Derivar los antecedentes a otros organismos públicos (SERNAC, Dirección del Trabajo, Ministerio Público, SII, etc.) para el caso de reclamos y denuncias que escapen al ámbito de sus competencias.
Establecer procesos sancionatorios y aplicar multas a las instituciones de educación superior, cuando corresponda.
Concurrir a las instalaciones de la institución de educación superior para fiscalizar en terreno su funcionamiento.

Nombrar, ante situaciones de incumplimiento grave por parte de los controladores de una institución de educación superior, a un administrador provisional que la gestione y evalúe su viabilidad académica y financiera.

La Superintendencia de Educación Superior dispone en su sitio web, www.sesuperior.cl, de un formulario electrónico en el que se ingresan todos los reclamos y/o denuncias. El usuario debe registrarse ingresando sus datos personales y de contacto. Al ingresar tu reclamo o denuncia se debe incorporar, con el mayor nivel de detalle, los antecedentes del caso y adjuntar toda la información que se considere relevante para ayudar a la gestión de ésta.

Una vez presentado el reclamo o denuncia, la Superintendencia de Educación Superior cuenta con un plazo de 15 días hábiles para realizar un análisis preliminar del caso y determinar el curso a seguir, lo que puede implicar la apertura de un procedimiento de fiscalización, oficiar como mediador entre las partes involucradas, derivar a otros organismos competentes, o bien, desestimar el caso si es que no cumple con los criterios para su tramitación.

La mediación obedece a un proceso orientado a acercar posiciones entre las partes, en donde la Superintendencia de Educación Superior cumple un rol de interlocución y de contraparte imparcial, que busca tender los puentes para resolver la problemática que se suscite entre ambas partes en conflicto. La premisa detrás de un proceso de mediación es que las partes son capaces de encontrar por sí mismas una solución satisfactoria a sus diferencias, por medio de una búsqueda conjunta de alternativas de resolución; todo este proceso debidamente direccionado por un mediador imparcial, como ocurre con la Superintendencia de Educación Superior.

Ante la eventualidad de que no sea posible alcanzar un acuerdo satisfactorio entre las partes en el proceso de mediación, el denunciante puede tramitar su caso bajo la figura de una denuncia, debiendo cumplir con los criterios establecidos para ello. Será labor de la Superintendencia de Educación Superior analizar los méritos del caso e instruir las acciones que correspondan en consecuencia.

Mediante una denuncia, una persona o grupo de personas ponen en conocimiento de la Superintendencia una eventual irregularidad, con el objeto de que ésta investigue y adopte las medidas que correspondan.